El Instituto de las Mujeres, junto con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social han presentado el documento “Justicia Social y Perspectiva de Género en el Acceso a la Jubilación Anticipada”, en el que se recogen las conclusiones de una jornada especializada sobre la materia.
El objetivo principal de esta publicación es visibilizar las desigualdades de género que persisten en el sistema de pensiones y proponer medidas concretas para garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres a una jubilación justa.
A pesar de los avances legislativos, las mujeres continúan enfrentándose a brechas estructurales derivadas de trayectorias laborales marcadas por la precariedad, el empleo a tiempo parcial, las interrupciones por cuidados y la infravaloración de los trabajos feminizados. Esto se traduce en una reducción significativa de la capacidad de cotización de las trabajadoras, lo que lleva a una brecha en las pensiones que supera el 30 %, situación que compromete su bienestar y autonomía económica.
El informe denuncia que la legislación actual sobre jubilación anticipada responde a un modelo androcéntrico que ignora las condiciones laborales específicas de sectores altamente feminizados como los cuidados, la limpieza o el trabajo doméstico. Dichos empleos, aunque no generen altos índices de siniestralidad, provocan enfermedades crónicas, desgaste físico y mental, y envejecimiento prematuro, sin que esto se traduzca en un acceso justo a la jubilación anticipada en condiciones de igualdad.
Entre las principales propuestas se plantea como urgente una reforma estructural del sistema de Seguridad Social que integre de forma transversal la perspectiva de género, desde el cálculo de las pensiones hasta el reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas a ocupaciones feminizadas. También se subraya la necesidad de redefinir los conceptos de penosidad, peligrosidad o toxicidad del trabajo, de modo que reflejen adecuadamente la realidad de las mujeres trabajadoras.
Plantea además la incorporación efectiva de la perspectiva de género en las normativas de prevención de riesgos laborales, laboral y de seguridad social, reformar el listado de enfermedades profesionales, garantizar la protección social de víctimas de violencia de género autónomas, y fomentar la negociación colectiva con enfoque igualitario.
El texto concluye con la necesidad de una transformación profunda del modelo vigente que incorpore la perspectiva de género, visibilice las condiciones específicas del trabajo femenino y adopte mecanismos correctores justos, tanto a corto como a medio plazo, para garantizar la igualdad efectiva y la justicia social en el acceso a la jubilación.
