El 3 de enero de 2025, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un marco normativo diseñado para modernizar y optimizar el sistema judicial español. Esta ley introduce medidas significativas que mejoran la atención a las víctimas de violencia sexual, consolidando un enfoque de justicia más accesible, especializado y eficiente.
Especialización judicial para casos de Violencia Sexual
Una de las innovaciones clave de la ley es la creación de secciones especializadas en los Tribunales de Instancia, dedicadas exclusivamente a tratar delitos relacionados con la violencia sexual. Estas secciones contarán con jueces y magistrados especializados, preparados para instruir y juzgar casos de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y acoso sexual, entre otros. Este enfoque garantiza un trato más profesional y sensible hacia las víctimas, asegurando una mayor eficacia en los procedimientos.
La ley responde, además, al mandato de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, reforzando la especialización en violencias sexuales dentro del sistema judicial. Este avance no solo busca ofrecer justicia, sino también proteger a las víctimas de procesos judiciales que puedan ser innecesariamente traumáticos.
Reformas procesales para agilizar la justicia
La Ley de Eficiencia introduce modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos relacionados con delitos sexuales. Por ejemplo, se eliminan trámites redundantes que obligan a las víctimas a reiterar su testimonio, reduciendo la revictimización. Además, se optimizan los sistemas de notificación y gestión procesal, permitiendo que las víctimas reciban información clara y directa sobre el avance de sus casos.
La digitalización también desempeña un papel crucial. La implementación del expediente judicial electrónico y las comunicaciones telemáticas permiten evitar desplazamientos innecesarios, algo especialmente importante en casos de violencia sexual donde la proximidad física al entorno judicial puede ser una barrera emocional para las víctimas.
Asistencia integral y protección ampliada
Otro avance significativo es el fortalecimiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual. Este derecho está garantizado desde las primeras fases del procedimiento, asegurando que las personas afectadas cuenten con un respaldo adecuado para ejercer sus derechos.
Nuevas estructuras judiciales y Oficinas de Justicia
La reforma contempla la transformación de los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, respaldados por Oficinas de Justicia en los municipios. Estas oficinas amplían los servicios que actualmente ofrecen los Juzgados de Paz, actuando como un punto de contacto accesible para la ciudadanía. En contextos de violencia sexual, estas oficinas desempeñarán un papel esencial, facilitando la gestión de denuncias y la orientación legal inicial en un entorno más cercano y menos intimidante.
Hacia una justicia más inclusiva y eficiente
La Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia establece un modelo que combina especialización, digitalización y proximidad. Su enfoque en la atención a las víctimas de violencia sexual refleja un compromiso por garantizar una justicia inclusiva y accesible. Al introducir mecanismos que reducen la carga procesal, agilizan los procedimientos y priorizan la sensibilidad hacia las víctimas, la ley marca un hito en la evolución del sistema judicial español. Esta normativa representa un avance significativo en la consolidación de un sistema de justicia que no solo protege los derechos de las víctimas, sino que también promueve su bienestar durante todo el proceso judicial.
