La reciente petición de Estados Unidos a sus proveedores en España para que certifiquen que no aplican políticas de igualdad y diversidad ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político español. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha calificado esta solicitud como una «flagrante vulneración de la legislación vigente en nuestro país», reafirmando la obligatoriedad de las empresas de cumplir con las normativas de igualdad establecidas.
Las empresas españolas con más de 50 trabajadores deben desarrollar y aplicar planes de igualdad, tal como lo exige la legislación. El incumplimiento de estas normativas puede acarrear sanciones que van desde los 751 hasta los 225.018 euros en casos graves de discriminación o acoso laboral. Ante este escenario, la Inspección de Trabajo ha enfatizado que velará por el cumplimiento de estas disposiciones.
Desde el ámbito gubernamental, tanto el Ministerio de Igualdad como el de Asuntos Exteriores han expresado su preocupación por las exigencias de EE.UU. y han reafirmado la necesidad de mantener una firme postura en favor de la igualdad y la diversidad en las empresas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que España impulsa políticas de inclusión y defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, y que estas deben ser respetadas en el entorno empresarial.
La embajada de EE.UU. en España ha comunicado a sus proveedores locales que deben ajustarse a las recientes órdenes ejecutivas firmadas en su país, que establecen un marco legal más restrictivo respecto a la promoción de la diversidad, equidad e inclusión. Sin embargo, el Gobierno español insiste en que ninguna empresa puede operar en España sin cumplir con la normativa nacional de igualdad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los Ministerios de Igualdad y Economía a convocar a las empresas afectadas para abordar la situación y reiterar el compromiso del país con la igualdad. En un contexto internacional cambiante, España reafirma su postura en la defensa de un entorno laboral más justo e inclusivo, asegurando que las normativas de igualdad no sean vulneradas por presiones externas.
