El Real Decreto 1026/2024, publicado el 9 de octubre de 2024, constituye un marco fundamental para la protección de los derechos de las personas LGTBI en el entorno laboral. Este decreto reglamenta las obligaciones de las empresas para implementar un conjunto planificado de que promuevan la igualdad y prevengan la discriminación, en línea con lo establecido por la Ley 4/2023 para la igualdad efectiva de las personas trans y LGTBI.
Avances en la protección de los derechos LGTBI
El decreto responde a la necesidad de garantizar que el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, sea efectivo para todas las personas LGTBI. En su elaboración, se tuvo en cuenta el marco jurídico europeo y español, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención Europea de Derechos Humanos y diversas directivas europeas sobre igualdad de trato en el empleo. Además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional refuerza esta protección, como la sentencia 176/2008 que protege a personas transexuales de la discriminación en el ámbito laboral.
El decreto articula medidas que buscan eliminar barreras en la contratación, promoción y permanencia de las personas LGTBI en el empleo, así como establecer protocolos de actuación frente al acoso y violencia por orientación e identidad sexual y expresión de género.
Obligaciones para las empresas
Este reglamento se aplicará a todas las empresas que cuenten con más de 50 personas trabajadoras en su plantilla. En empresas con menos de 50 empleados, la negociación de estas medidas es voluntaria, aunque igualmente recomendada para fomentar un entorno laboral inclusivo y respetuoso.
El decreto detalla que estas medidas deberán incluirse en los convenios colectivos o acuerdos de empresa, asegurando así que cada entidad adapte sus políticas a las necesidades y particularidades de su organización.
Negociación colectiva y medidas planificadas
Las medidas planificadas deben ser negociadas a través de la representación legal de los trabajadores y están estructuradas para abarcar desde la igualdad de trato hasta la creación de medidas de entornos laborales inclusivos. Las empresas tendrán la responsabilidad de erradicar estereotipos en el acceso al empleo, formación y promoción de las personas LGTBI, garantizando que los procesos de selección se centren en la formación e idoneidad de las personas candidatas, y no en su orientación o identidad sexual y expresión de género.
Los convenios deberán incluir también un protocolo contra el acoso, con medidas preventivas y mecanismos de actuación clara en caso de denuncias. Las sanciones por conductas discriminatorias estarán contempladas dentro del régimen disciplinario de cada empresa.
Impacto y evaluación de las medidas
Este real decreto también establece mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas implementadas, las cuales deberán revisarse periódicamente para asegurar su efectividad. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social jugará un papel importante en la vigilancia de su cumplimiento.
Finalmente, el decreto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al ODS 10, que busca reducir las desigualdades y promover la inclusión de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad.
Este real decreto refuerza el compromiso de España con la igualdad de trato en el ámbito laboral, promoviendo un entorno de trabajo donde todas las personas, incluidas las pertenecientes al colectivo LGTBI, puedan desarrollarse profesionalmente sin temor a sufrir discriminación en el entorno laboral.
