En la sesión de ayer, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Paridad que obliga a una representación paritaria de hombres y mujeres en los órganos de decisión, tanto en los estamentos políticos como en las grandes empresas.
Aún está pendiente su aprobación definitiva que tendrá lugar, previsiblemente, en julio una vez que haya pasado por el senado y vuelva a la Cámara Baja.
Con esta Ley se avanza un paso más hacia la igualdad en el camino que se inició con la Ley de Igualdad de 2007 y que ya hablaba de presencia equilibrada entre hombres y mujeres en las listas electorales, en los nombramientos de los poderes públicos y en la composición de los consejos de administración de las grandes empresas. La diferencia que marca la ley aprobada ayer es que hasta ahora no era una obligación que la representación en las listas fuese en cremallera (alternando un hombre y una mujer) ni contemplaba sanciones para las empresas que no cumplieses con esas recomendaciones que sí que se recogen en la nueva Ley.
En cuanto a la afectación en el ámbito empresarial, según indica el texto en esta versión inicial, las grandes empresas de más de 250 personas trabajadoras o con un importe de cifra anual de negocio superior a 50 millones de euros, deberán asegurar que el consejo de administración esté compuesto, como mínimo por un 40 % de consejeros/as del sexo menos representado. Además, deberán velar porque se mantenga ese porcentaje en la alta dirección. En caso de que eso no se cumpla, la ley indica que se “deberá ajustar los procesos de selección de las personas candidatas” a esos consejos. Para asegurar el cumplimiento, se prevé que en el informe anual de sostenibilidad de estas empresas se incluya un informe anual sobre la representación del sexo menos representado en el consejo de administración. Si aún así no se ajustan las cuotas a la nueva normativa, habrá sanciones.
La Ley de Paridad también entra a regular los órganos de poder de fundaciones o cómo se evalúan los méritos, el currículum y la trayectoria investigadora en las convocatorias públicas de I+D+i.
Nos encontramos pues, con un nuevo avance en el camino hacia la igualdad en la empresa.
