Este informe insta a los gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales a garantizar que el personal que realiza trabajo en el hogar tenga acceso a los derechos laborales y a la protección social que les corresponde. En este sentido, el diálogo social, con la participación de las organizaciones que representan tanto al empresariado como al personal que realiza trabajo en el hogar puede contribuir, de manera significativa, a la adopción de políticas de cuidados adecuadas para las personas que trabajan en el hogar.
Se define como “personal doméstico” al que realiza un trabajo en el hogar en el marco de una relación de trabajo, de forma profesional, ya sea contratado directamente por los hogares o a través de proveedores de servicios, públicos o privados. Sin embargo, a nivel mundial, muchas de estas labores de cuidado en el hogar, mayoritariamente realizadas por mujeres, no son remuneradas. De hecho, se ha estimado que, en 2018, unos 606 millones de mujeres no estaban disponibles para el empleo asalariado como consecuencia de la demanda de trabajo de cuidados no remunerado. Por tanto, se hace urgente defender que sus derechos como trabajadoras en el hogar son clave para la consecución de la igualdad de género.
Con datos de 2021, la OIT señala que las mujeres son mayoría en el sector del trabajo en el hogar (un 76,2%). Además, el trabajo en el hogar de las mujeres representa el 4,5% del empleo femenino mundial. Si se comparan distintas regiones, se observa que el trabajo en el hogar de las mujeres es más pronunciado en los Estados árabes (un tercio) y en el Caribe y América Latina (un 11,3%). En cambio, representa apenas un 1,6 % en Europa y Asia Central.
Por otra parte, en numerosos países aún existen lagunas de protección del trabajo en el hogar, en cuanto al acceso a derechos laborales, a la protección social, a los derechos y a los servicios de cuidados para las trabajadoras y sus familias (protección de la maternidad, prestaciones por hijos o hijas a cargo, guarderías o servicios de cuidados de larga duración). Estas lagunas son aún más pronunciadas entre las personas que sufren discriminación a causa de su estatus migratorio, origen étnico o indígena. Por el contrario, en Europa y Asia Central, el 57,3% del personal que trabaja en el hogar está legalmente cubierto por dichas prestaciones.
La OIT proyecta que para 2030, 1.900 millones de niños menores de 15 años y 200 millones de personas mayores necesitarán cuidados, lo que representa un aumento significativo respecto a datos de años precedentes. Por su parte, la ONU prevé un aumento de la demanda de trabajo de cuidados remunerado, esperando que la proporción de personas mayores (de 60 años o más) en la población mundial, aumente del 13,5% en 2020 al 21,4% en 2050 y al 28,2% en 2100.
Como consecuencia de estos cambios demográficos, se espera según la OIT, que la economía de los cuidados crezca en consonancia con el aumento de la demanda. Si la inversión satisface la demanda y garantiza un trabajo digno al personal de trabajo en el hogar y de cuidados, en general, la economía asistencial podría crear unos 300 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035 y reducir las desigualdades de género.
Un nuevo informe de la OIT insta a incluir al personal que realiza trabajos en el hogar en las políticas de cuidados y a garantizar sus derechos laborales.
La OIT ha publicado un nuevo informe titulado “De la crisis mundial de los cuidados a unos cuidados de calidad en el hogar: argumentos para incluir a los trabajadores domésticos en las políticas de cuidados y garantizar sus derechos laborales “.
