El Instituto de las Mujeres ha elaborado la “Guía para la inclusión de cláusulas para la igualdad de género en los contratos, las subvenciones y los convenios públicos” en la que se recogen una serie de buenas prácticas para la inclusión de la perspectiva de género en estos contratos.
Esta guía va dirigida a las Administraciones Públicas, así como al resto de entidades y ciudadanía en general.
Con un enfoque eminentemente práctico, tiene en cuenta la inclusión de la perspectiva de género en las principales fases procedimentales de una licitación, buscando facilitar a las distintas administraciones la incorporación de criterios de igualdad de género en los procesos de contratación que lleven a cabo.
Es importante tener en cuenta que las administraciones públicas, mediante contratos y subvenciones, intervienen en la economía y en los propios agentes económicos, pudiendo impulsar y favorecer el principio básico de igualdad entre mujeres y hombres.
¿QUÉ TIPO DE OBJETIVOS DE GÉNERO CABE ESTABLECER EN LAS SUBVENCIONES Y EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS?
Fuente: Guía para la inclusión de cláusulas para la igualdad de género en los contratos, las subvenciones y los convenios públicos
A modo de resumen y sin ánimo exhaustivo, la guía presenta los siguientes ámbitos temáticos más relevantes de cláusulas de género susceptibles de ser incorporadas en los pliegos de contratación:
- Generar condiciones laborales de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas que ejecutan contratos públicos.
- Facilitar la inserción laboral de mujeres en situación de exclusión social, o víctimas de violencia de género, o con discapacidad.
- Promover el acceso al empleo de las mujeres, y de mujeres en puestos de responsabilidad.
- Diseñar y aplicar un lenguaje inclusivo, o protocolos para prevenir el acoso sexual o por razón de sexo.
- Garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
- Promover la sensibilización y la formación interna en materia de igualdad en las empresas contratistas.
- Incorporar en la prestación contractual acciones de prevención de riesgos y salud laborales con perspectiva de género y adaptadas a las características diferenciadas de sexo.
- Garantizar que al menos el 50% de las personas beneficiarias sean mujeres.
- Solicitar datos desagregados por sexo o evaluar la prestación con perspectiva de género.
- Establecer y aplicar medidas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar para la plantilla que ejecute el contrato o para las personas usuarias o beneficiarias.
